Fútil batalla argentina contra las instituciones y la propiedad privada

Muy a pesar de un fanático de la economía como quien les escribe, la coyuntura actual obliga a escribir sobre temas de carácter "institucional", que tienen más de políticos que de económicos. Las últimas semanas se han ido transformando en una sucesión de noticias negativas acerca de la situación institucional argentina, tanto por noticias adversas externas, como por las medidas reñidas con los principios de respeto a las instituciones y a la propiedad privada que ha ido adoptando el gobierno argentino.

En primer lugar, la noticia de política económica/exterior más trascendente ha sido el enfrentamiento con los denominados fondos "buitre", más particularmente el fondo NML Capital Ltd., que poseen bonos en default de la deuda argentina. Lo que comenzó con un intento de embargo de la fragata Libertad de la Armada argentina cuando se encontraba anclada en un puerto de Ghana, tomó aún mayor revuelo con el fallo adverso del juez Griesa en los tribunales de Nueva York, el cual ordenaba pagar la totalidad de la deuda en default a estos tenedores de bonos. El fallo del juez apareció luego de una serie de declaraciones grandilocuentes y poco convenientes de funcionarios argentinos, que dejaban en claro que el gobierno argentino no pensaba cumplir con un fallo adverso de la justicia norteamericana en esta causa. 

Si bien la cámara de apelaciones ha dejado en suspenso este fallo y el gobierno argentino sorprendentemente parece haber girado hacia una posición más negociadora (el Ministro de Economía Hernán Lorenzino parece haber abierto la puerta a la posibilidad de una reapertura del canje de deuda), esta situación no deja de ser una amenaza para la posición internacional argentina, en el (¿improbable?) caso de que la cámara sostenga el fallo y el gobierno argentino se niegue a cumplir el pago. Una posición más razonable, pero evidentemente tardía.

En segunda instancia, hace algunos días se convirtió en ley la reforma del mercado de capitales argentino. Esta ley presenta algunos aspectos preocupantes, que buscan someter a los empresarios a los designios del gobierno nacional y que probablemente tengan como principal objetivo a los grupos empresarios díscolos, como Techint y fundamentalmente Clarín, el principal grupo de medios opositor. A último momento, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados incluyó modificaciones a un artículo, el cual permite a la Comisión Nacional de Valores (dependiente del gobierno nacional) a colocar veedores con poder de veto en empresas que sean investigadas por dicho organismo y a separar a sus directores. La inclusión de este artículo generó el rechazo de algunos bloques opositores, que hasta el momento habían acompañado en general la medida. 

Asimismo, el proyecto cambia el fuero para los litigios del sector al Contencioso-Administrativo, en lugar del fuero Comercial en que se encuentran hoy en día. Algo que resulta sospechoso, dado que el gobierno ha intentado también trasladar la denominada causa Clarín (acerca de la aplicación de la ley de regulación de medios de comunicación) a este fuero, el cual se dice que podría ser más influenciable por el gobierno nacional.

La última avanzada del gobierno, y sin lugar a dudas la más fuerte, ha sido en el marco de la mencionada causa Clarín. En los últimos meses, el gobierno había promovido la fecha del 7 de diciembre (7D) como la fecha límite para que se aplicara esta ley, dado que vencía la medida cautelar que beneficiaba al grupo Clarín e impedía al gobierno avanzar sobre el mismo. La causa se basa en un planteo de inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios aprobada en 2009 realizado por el Grupo Clarín, que tratan sobre la multiplicidad de licencias que puede tener un mismo grupo y la adecuación en el plazo de 1 año a los límites impuestos por esta norma.

El pasado jueves 6 de diciembre fue prorrogada la medida cautelar por la Cámara Civil y Comercial Federal, luego de una serie de fuertes presiones del gobierno nacional a los distintos jueces que debían intervenir en esta causa, no solo mediante recursos judiciales y denuncias ante el Consejo de la Magistratura (organismo encargado de juzgar a los jueces por el desempeño de sus funciones), sino también mediante declaraciones públicas. Algunas de estas declaraciones hablaron de "alzamiento contra una ley de la Nación" (en el caso del Ministro de Justicia Julio Alak) y "golpe institucional" (en el caso del diputado kirchnerista Carlos Kunkel). 

Luego de esta derrota temporal, el gobierno ha presentado el recurso de "per saltum", una facultad recientemente aprobada por el Congreso de la Nación, que permite solicitar el tratamiento de una causa judicial por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siempre y cuando se trate de un caso de gravedad institucional y este tribunal la acepte bajo este criterio. La potencial efectividad de esta estrategia es todo un misterio: si bien existen jueces del tribunal cuya simpatía con el gobierno es pública, no es seguro que vaya a emitir un fallo a favor. Cabe destacar que la semana pasada fue emitido un comunicado de las principales organizaciones que nuclean a jueces nacionales y provinciales, solicitando al gobierno que cese sus presiones al Poder Judicial, comunicado al cual adhirió una de las integrantes del máximo tribunal que es considerada cercana al gobierno (Elena Highton de Nolasco). Asimismo, parece claro que la gravedad institucional del caso tiene más que ver con la estrategia de confrontación directa y a cualquier costo utilizada por el gobierno, que por la relevancia misma de la causa. Es esta estrategia la que parece haber generado en estos días un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, más que la naturaleza de la causa en si, que podría seguir transcurriendo por los canales normales de la justicia argentina.

Esta sucesión de conflictos dejan en evidencia la baja calidad institucional vigente en Argentina. Cabe destacar que, de acuerdo al índice de calidad institucional que publica la Red Liberal de América Latina, el país se encuentra en la posición 122 de 191 países, lejos de otros países de América del Sur como Chile (21), Uruguay (44), Perú (65), Colombia (86) y Brasil (89), los cuales claramente han elegido el camino de intentar mejorar sus instituciones y el respeto a las mismas en los últimos años. De acuerdo a este informe, los peores aspectos institucionales argentinos son los vinculados a la falta de libertades económicas, pero tampoco son satisfactorias las calificaciones en lo respectivo a cumplimiento de la ley, la facilidad para hacer negocios, el nivel de corrupción y la libertad de prensa en relación al resto de la región.

Por el momento, las únicas preocupaciones del gobierno parecen ser incrementar su control sobre la economía y, sobre todo, ganar la batalla contra los medios de comunicación que actualmente no se someten a sus designios. Mientras tanto, los problemas económicos persisten, los recursos y energía del gobierno son malgastados en batallas de poder inútiles para el bienestar de la sociedad y Argentina parece estar viendo una vez más como pasa el tren del desarrollo económico.