Los datos dados a conocer hace
unos días sobre la proporción de habitantes que se encuentran en situación de
pobreza deberían estar enmarcados en la película de la política económica
nacional de los últimos años y no en la foto del estado actual. Casi el 33% de
la población, cerca de 13 millones de personas, padece actualmente esa
situación. Sin dejar de olvidar el fracaso de las políticas socio-económicas y,
durante muchos años, la sustancial divergencia de un cierto imaginario político
que aseguraba que su administración había logrado un índice de pobres en línea
con los países más avanzados del mundo; muchos se preguntan sobre las posibles
causas fundamentales de que un país con una gran dotación de recursos naturales
padezca ese fenómeno. Desde nuestra perspectiva, ese interrogante es correcto
pero debería ser acompañado de análisis del proceso desde el cual llegamos a
este punto. Mientras nuestra sociedad no deja de padecer este flagelo, con
algunos matices en el medio, existen sociedades que con relativamente menores
recursos han generado grandes avances situándose en una instancia de lo que
muchos denominan: desarrollo económico y social.
En primera instancia, debemos
comprender lo que muestra el índice. En este sentido, el índice publicado se
construye utilizando la metodología del ingreso y teniendo en cuenta una
canasta básica de alimentos y otra canasta ampliada o total que adiciona a los
gastos no alimentarios. La primera se utiliza para estimar el estado de la indigencia y la segunda para obtener la pobreza. Esto es: tomando los ingresos
de los hogares (obtenidos desde una encuesta de gastos e ingresos), se evalúa
si éstos tienen la capacidad de obtener bienes y servicios de una canasta
básica de alimentos y otra canasta total. Esta metodología tiene sus matices ya
que consideramos que no necesariamente una persona es pobre o deja de serlo
respecto a una medida de poder adquisitivo de una canasta. Por lo tanto, el
argumento que debemos pensar es de características sistémicas y con una visión
de proceso histórico. Esto podría enmarcarse en una serie de errores en varios aspectos de la política social y
una confusión o falta de visión sobre el futuro de nuestra sociedad, es decir
nuestro propio futuro.
La proposición de análisis
procesal y de factores principales es sumamente más aleccionadora y eficaz al
momento de pretender entender esta especie de caída libre argentina en muchos aspectos. Utilizando el título del
libro de Joseph E. Stiglitz (Caída Libre. El Libre Mercado y el Hundimiento de
la Economía Global, 2011) en alusión a la crisis financiera internacional
iniciada en 2008. Libro muy interesante que traslada ideas hasta la actualidad
de nuestro país y contribuye a generar tipos de interrogantes sistémicos en
lugar de los del tipo estático comparativos. En una parte del mismo se lee: ``…
estos debates sobre los efectos de determinadas políticas ayudan a explicar
cómo pueden persistir las malas ideas durante tanto tiempo... ´´. Nada más
cercano acerca de la gestión de política nacional del último tiempo y el nivel
de pobreza actual. Desde este punto, entonces, debemos preguntarnos si las
políticas económicas estuvieron en línea con el objetivo de reducción
sistemática y sistémica de la pobreza durante los últimos años.
Por lo tanto y en aras de
argumentar con proposiciones sistémicas y teniendo en cuenta el proceso, desde nuestra perspectiva sería
necesario diferenciar dos tipos de políticas económicas con objetivos comunes
pero de eficacia distinta. Esto podría suponer por un lado, una gestión de
estabilidad del crecimiento y minimización de la tasa de inflación a lo largo
del tiempo, lo cual se asocia directamente con objetivos, al menos, de no
aumento de los índices de indigencia y pobreza. Por otra parte, una gestión de políticas
que se caracterizarían por una tendencia inestable de la tasa de crecimiento, con
la prioridad de la variable consumo por encima de los demás fundamentales, y
tendencia a un régimen de media y alta inflación como consecuencia del intento
de financiar el crecimiento mediante la perpetuación de la emisión monetaria.
El primer tipo de política está
asociada a un crecimiento económico no exuberante pero formando un contexto de
estabilidad y sistematicidad de la gestión. Esto es, priorizar el mediano y
largo plazo de los recursos monetarios y productivos del país en un escenario
institucional no extractivo de riquezas sino generador y distribuidor de las
mismas[1]. Una
política que se enfoque en suavizar el consumo liberando recursos para la
inversión pública y privada (ampliación y diversificación del sistema
productivo, es decir, los elementos conducentes al desarrollo económico) junto
con una acordada generación de legislación impositiva con alícuotas claramente
diferenciadas y preponderancia en el impuesto a la riqueza y los ingresos.
Adicionalmente, la historia evidencia que uno de los elementos fundamentales de
estabilización de precios es el acuerdo socio-económico. Por consiguiente, los
componentes que generan el ingreso nacional deben estar alineados y coordinados
a objetivos de largo y mediando plazo: empresarios (sector real y financiero),
trabajadores y sector público (todos sus niveles), con la participación del
sector de justicia, pueden acordar una gestión que establezca una mejor
distribución del ingreso y una mayor productividad en un escenario donde se
promulgue y aplique legislación de transparencia sobre todos los factores
productivos. Este espacio de acuerdo debería ser de largo alcance, consistente
y sistemático de acuerdo a la riqueza nacional real. Por lo tanto, dicha coordinación y su cumplimiento tienen
relación directa con la evaluación permanente de la performance: la oferta y la demanda deberían trascender la visión
tradicional de mercado hacia un enfoque estructural.
En este tipo de política, una
menor proporción de pobreza no solo es el resultado sino el objetivo que se
acuerda entre los diferentes sectores sociales y de gobierno. Pues, la
sostenibilidad del crecimiento suavizando el consumo a favor de la inversión
productiva (minimizar la ansiedad en la microeconomía), resultará en un nivel mayor,
demanda creciente de empleo y en estabilidad y menores tasas relativas de
inflación. La perpetuación de este gran desafío de política propuesto, con
independencia de los administradores de turno, debería ser la gestión inicial y
central en cualquier contexto. La historia económica de los países que
evidencian grandes avances sobre los niveles de pobreza y servicios sociales,
muestra un sesgo sustancial de la política aplicada hacia esta caracterización.
Concretamente, la estabilidad del crecimiento y las tasas de inflación en un
espacio de acuerdos sociales sobre objetivos de largo plazo ha resultado en un
estadío de desarrollo económico: construcción de redes de contención social
ante caídas abruptas de la actividad económica y diversificación del patrón
productivo doméstico son algunos de los resultados trascendentes que se
observan.
El tipo opuesto de política tiene
elementos comunes que se han observado desde la segunda mitad del siglo XX en
Latinoamérica: altas tasas de crecimiento de corto plazo explicadas
esencialmente desde el consumo final, tasas de inflación y emisión monetaria
crecientes, volatilidad financiera, sostenimiento del exceso de endeudamiento
interno y externo, y el sostenimiento en los problemas de desigualdad y empleo,
han sido los elementos determinantes. Argentina, Brasil y Venezuela, con
grandes matices, se encuadran en este grupo. Para el caso argentino, tenemos un
factor adicional: se torna muy dificultoso el entendimiento de las prioridades
que ha establecido la sociedad en los últimos quince años. A nuestro entender,
la prioridad al consumo y el gasto superfluo por sobre la inversión pública y
privada ha sido causa directa de la estanflación y la fragilidad social de los
últimos años. Estos elementos insertos durante la gestión de política configuraron
un ciclo vicioso y poco productivo donde prevalecía el gasto, la inflación y la
desigualdad social. El régimen de inflación desde 2007, incluida la eliminación
de las estadísticas, direccionó los recursos desde la inversión necesaria hacia
los subsidios y el aumento del gasto público no productivo. Políticas de estado
como el programa Fútbol para Todos
extraían posibles recursos para la generación de empleo productivo como la
construcción de rutas, pavimentación de calles y obras sanitarias y de salud:
nuevamente políticas económicas inconsistentes e instituciones de naturaleza extractiva.
La administración de prioridades
ejecutada estaba vinculada, a su vez, con la estrategia política de obtención
de votos dado que los resultados eran de corto plazo. La manipulación de la
opinión a través de la denominada divergencia realidad-relato, parecieron haber
establecido un acuerdo hacia el objetivo común del aumento perpetuo del
circuito consumo-gasto-emisión-inflación. Indudablemente, estas características
enmarcan el denominado populismo
contemporáneo. Una proporción de ciudadanos convencidos acerca de que el
aumento del consumo y los subsidios es infinito, en el mediano plazo y/o cuando
las condiciones externas se modifican, son afectados súbitamente por la pérdida
esa ilusión (no solo eventualmente el costo de la pérdida es sufrido por los ciudadanos
que se encuentran en esa proporción sino por todos). El desencanto de muchas
mentiras disfrazadas con una manta corta de dosis de realidad evidencia
nuevamente que muchas malas ideas pueden permanecer y aplicarse en el tiempo
pero con resultados casi similares.
En suma, desde la tipificación
mencionada, esperamos y deseamos, que genere el mismo interrogante que a muchos
de nosotros. La pobreza debe pensarse como un proceso a lo largo del tiempo en
convivencia con las decisiones y prioridades establecidas. El resultado
estático que observamos desde el 32,9% no puede solo responsabilizar a un
gobierno sino a una política económica en común durante varios años. La necesidad,
entonces, de aleccionarnos y pensar sobre las prioridades de nuestra sociedad
debe ser el desafío de estos años, por cierto muy difícil, para evitar estar en
caída libre y construir una red de
contención socio-económica.
[1] Daron Acemoglu y James A. Robinson en
su libro Por qué fracasan las Naciones
(2012), brindan argumentos sobre este tema.
