Esta semana la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció una nueva ronda de medidas cuyo objetivo es la profundización del crédito dirigido desde el Estado y la regulación del mercado de capitales argentino. Estas medidas tienen dos destinatarios: el mercado de aseguradoras y el de capitales.
Analicemos cada conjunto de medidas por separado. En relación a las aseguradoras, las medidas tomadas tienen como objeto utilizar una parte de los fondos de las mismas para créditos productivos definidos por el Estado. Es decir, se trata básicamente de una política de direccionamiento del crédito a vieja ultranza. La principal medida consiste en la obligatoriedad de invertir parte de las carteras de las empresas de seguros en la economía real. El porcentaje que deben invertir varía de acuerdo al ramo: entre 5% y 10% para las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo), entre 10% y 20% para las de seguros generales (por ejemplo, de automóviles o hogares) y entre 13% y 30% para las compañías de seguros de vida. Todas deberán cumplimentar el requisito mínimo de 5% de su cartera para marzo del año que viene y tendrán hasta mayo para completar el resto. Además de esta medida, las aseguradoras deberán crear nuevos seguros obligatorios (por ejemplo, seguros agrícolas) y ampliar la cobertura y prestación en tipos de seguros ya existentes.
Para fiscalizar que estas inversiones se cumplan, también se crea un Comité de Elegibilidad de Inversiones, el cual será encabezado por los dos funcionarios más polémicos de la cartera de Economía: el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y el viceministro de Economía Axel Kicillof. De acuerdo a la resolución publicada el martes pasado, el objetivo de este comité será "determinar las inversiones de las referidas compañías vinculadas a la economía real, que resulten elegibles sobre la base de criterios que tiendan al impulso de proyectos productivos y de infraestructura, de mediano y largo plazo, con sentido federal y local”.
Por un lado, podemos decir que una parte de estas medidas parece tener su atractivo. El direccionamiento de estos fondos a la economía real parece una medida interesante, sobre todo teniendo en cuenta la débil situación actual de la economía argentina, con un sector industrial que ya se encuentra oficialmente en recesión con 6 meses consecutivos de contracción de acuerdo a datos del INDEC. Por otro lado, el involucramiento de dos funcionarios muy cuestionados parece indicar que la determinación de las inversiones "elegibles" podría ser altamente discrecional y tener escasos fundamentos profesionales y estratégicos, sobre todo teniendo en cuenta que todas las medidas tomadas por el secretario Moreno tienen estas características en común. Es realmente una mala señal para las empresas del sector que se lo incluya en la toma de decisiones, debido a los amplios antecedentes de abuso de autoridad, comportamientos extravagantes y poco apego a las normas que posee. El tiempo nos dirá si se termina desvirtuando una medida que en principio podría ser positiva. Adicionalmente, dejo otra pregunta: ¿puede ser que el destino de estos fondos sea financiar fundamentalmente a YPF, firma expropiada hace algunos meses a Repsol? Parece posible, luego del aparente y previsible fracaso en la búsqueda de fondos en el exterior.
El otro conjunto de medidas alcanza al mercado de capitales argentino. Por un lado, se enviaría un proyecto de ley al poder legislativo para traspasar las funciones que hoy tiene la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) a la Comisión Nacional de Valores (CNV), un organismo que depende del Estado. Algunos puntos relevantes que tendría esta reforma son:
- La CNV llevará el registro, otorgar, suspender y revocar la autorización de la oferta pública de los valores negociables y otros instrumentos y operaciones.
- Los mercados de capitales deberán registrarse como sociedades anónimas comprendidas por el régimen de oferta pública de acciones y evitar formar grupos de control propios.
- La CNV registrará a los autorizados a ofertar/negociar valores y las normas que deberán seguir.
- La CNV asumirá las funciones de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción de los sujetos que realicen oferta pública de valores.
- Se elimina la obligatoriedad de tener calificación para acceder a la oferta pública y se permite el ingreso de otros actores a la actividad de calificación (tales como consultoras y universidades públicas y privadas, previa aprobación de la CNV).
- La CNV tendrá facultades para investigar, pedir allanamientos y denunciar a empresas ante el poder judicial, así como para sancionar a agentes de bolsa y calificadoras de riesgo.
La principal consecuencia de estas modificaciones es que se eliminaría el principio de autorregulación del mercado y se le daría un mayor poder regulatorio al Estado a través de la CNV. ¿Es esta medida negativa? En la medida en que se utilice en forma correcta, no necesariamente. Sin embargo, es muy probable que el gobierno nacional utilice estas atribuciones para cuestiones de carácter político, tales como abrir un nuevo frente de batalla con empresas cotizantes tales como el Grupo Clarín (principal conglomerado de medios de comunicación opositor, con el cual se encuentra en una abierta y expresa guerra), Papel Prensa (propiedad del Grupo Clarín), Grupo Boldt (vinculada por el gobierno a un complot en contra del vicepresidente Amado Boudou, luego de las acusaciones de corrupción en contra de él) y Techint. En este sentido, la última atribución mencionada en la lista anterior resulta especialmente preocupante.
Más allá de estas cuestiones políticas, si bien la regulación del mercado de calificadoras de crédito también es controversial desde el punto de vista político (desde hace tiempo los integrantes del gobierno atacan verbalmente a las calificadoras), posee problemas "técnicos". En principio, como creyente en el funcionamiento de mercados lo más libres posibles que soy, permitir que entren nuevos jugadores me parece positivo, ya que debería fomentar la competencia entre ellos. Sin embargo, hay dos aspectos que son potencialmente problemáticos.
Por un lado, quitar la obligatoriedad de una calificación soluciona los problemas adjudicados a las calificadoras por el gobierno acerca de sus conflictos de intereses de una forma poco deseable, ya que podemos volver a la situación "sui generis" por la cual surgieron las calificadoras: un mercado con problemas de información asimétrica. Al no requerirse una calificación de un agente especializado para cotizar, quienes operan en el mercado pierden el acceso a una información que, a veces para bien y otras para mal, era relevante en la toma de decisiones. En todo caso, deberíamos encontrar la forma de garantizar que dicha calificación sea independiente, pero eliminar su obligatoriedad es una medida de dudosa conveniencia. Bajo este esquema, se pueden reintroducir y profundizar problemas de información asimétrica, con todos los problemas que ello implica en lo respectivo al financiamiento de las empresas y a la seguridad de los inversores.
Por el otro, el hecho de que la CNV, un organismo que depende del Estado (y particularmente del poder ejecutivo), tenga facultades para sancionar a calificadoras de riesgo, genera un conflicto de intereses al interior del mismo gobierno. Si una calificadora no lo favorece con sus calificaciones, ¿qué impide que el gobierno de turno la sancione como castigo?
Más allá de las opiniones que se pueda tener sobre estas regulaciones, hay una preocupación que creo aún más relevante:
Cuadro 1. Capitalización bursátil (en % del PIB)
Fuente: Banco Mundial
Estos datos no incluyen la capitalización bursátil de compañías de inversión, fondos mutuales, etc. Cabe destacar que Argentina solo se encuentra por encima de países cuyas economías son sensiblemente inferiores en tamaño (con excepción de Venezuela) e inclusive es superada por Bolivia, un país que por su tamaño y grado de desarrollo económico y financiero, esperaríamos que tenga un nivel de acceso al mercado de capitales mucho menor que Argentina. En cambio, el tamaño del mercado en relación al PIB es ampliamente superior en países de la región tales como Chile, Brasil, Colombia, Perú y México.
¿No deberíamos preguntarnos cómo hacer para que este mercado crezca y tenga más relevancia como instrumento de financiamiento de las empresas? En vez de poner regulaciones de la noche a la mañana, ¿la principal preocupación de un buen gobierno no debería pasar primero por el diseño de políticas que incentiven a la participación en el mismo, tales como el respeto a los derechos de propiedad y la estabilización del ciclo macroeconómico?
En resumen, si bien la mayoría de las medidas son razonables, existe un alto riesgo de que el gobierno quiera utilizarlas para ganar batallas políticas, en vez de usar criterios estratégicos y profesionales para revertir el deterioro coyuntural de la economía y promover el desarrollo económico. En la medida en que se sumerja en esta lógica, lo único que logrará será ahuyentar inversiones y llevarnos a una trampa de pobreza. El camino correcto para lograr estos objetivos es el respeto a las instituciones y la propiedad privada, así como la promoción de mercados regulados por el Estado, pero que fundamentalmente funcionen de la forma más libre y competitiva posible. Romper reglas de acuerdo a la discrecionalidad del gobierno de turno solo nos conducirá a más de lo mismo.
¿No deberíamos preguntarnos cómo hacer para que este mercado crezca y tenga más relevancia como instrumento de financiamiento de las empresas? En vez de poner regulaciones de la noche a la mañana, ¿la principal preocupación de un buen gobierno no debería pasar primero por el diseño de políticas que incentiven a la participación en el mismo, tales como el respeto a los derechos de propiedad y la estabilización del ciclo macroeconómico?
En resumen, si bien la mayoría de las medidas son razonables, existe un alto riesgo de que el gobierno quiera utilizarlas para ganar batallas políticas, en vez de usar criterios estratégicos y profesionales para revertir el deterioro coyuntural de la economía y promover el desarrollo económico. En la medida en que se sumerja en esta lógica, lo único que logrará será ahuyentar inversiones y llevarnos a una trampa de pobreza. El camino correcto para lograr estos objetivos es el respeto a las instituciones y la propiedad privada, así como la promoción de mercados regulados por el Estado, pero que fundamentalmente funcionen de la forma más libre y competitiva posible. Romper reglas de acuerdo a la discrecionalidad del gobierno de turno solo nos conducirá a más de lo mismo.
