“En ninguna parte se ilustra mejor que en el
ámbito del cambio exterior la extensión de la intervención sobre la vida entera
que confiere el control económico. A primera vista, nada parece afectar menos a
la vida privada que la intervención oficial de las operaciones sobre el cambio
exterior, y la mayoría de la gente consideraría su introducción con completa
indiferencia.[…] Es, en efecto, la entrega completa del individuo a la tiranía
del Estado; la supresión final de todos los medios de escape, no sólo para el
rico, sino para todos. Cuando el individuo ya no tiene libertad para viajar, ya
no tiene libertad para comprar libros o periódicos extranjeros; cuando todos
los medios de contacto exterior pueden limitarse a los que aprueba la opinión
oficial o son considerados por ella como necesarios, el dominio efectivo de la
opinión es mucho mayor que el que jamás ejerció ninguno de los gobiernos
absolutistas de los siglos XVII y XVIII.”
Aunque parezcan hechas a medida para la
realidad argentina actual, estas palabras no fueron pronunciadas con el objeto
de referirse a la restricción (prácticamente absoluta) a la venta de divisas
que implementó recientemente el gobierno. Estas líneas fueron escritas por
Friedrich Hayek hace 68 años en “Camino de Servidumbre”, que es considerada por
muchos liberales como su obra más relevante. El año pasado el gobierno argentino
ya había decidido interferir en la libre compra y venta de divisas, a través de
la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A
principios de mayo decidió restringir al máximo la compra de dólares y otras
divisas, negando prácticamente todos los permisos de compra de divisas
solicitados a este organismo. No queda duda alguna que esto implica un
avasallamiento absoluto de las libertades individuales, como bien dijo Hayek
hace varias décadas, ¿pero es siquiera una medida conveniente?
Su objetivo es probablemente permitirle al
gobierno nacional hacerse de dólares para hacer frente a los vencimientos de
deuda sin recurrir a una contracción (o disminución en la tasa de crecimiento)
del gasto público y a una caída en las reservas internacionales del Banco
Central. Si consigue este objetivo o no, solo podremos evaluarlo una vez que
haya transcurrido el tiempo. Sin embargo, como casi toda medida de política
económica, tiene un costo que no podemos excluir del análisis. ¿Vale la pena el
costo que se está empezando a pagar?
El inmediato y principal perjudicado ha sido el
sector inmobiliario, que se maneja prácticamente en su totalidad en dólares.
Datos publicados en diarios argentinos hablan de un virtual congelamiento del
mercado de compra-venta y una caída del 40% en la rentabilidad del sector. Por
el momento, ni siquiera ha ocurrido una baja de precios que permita incentivar
las ventas. En cambio, compradores y vendedores se han retirado del mercado por
la incertidumbre. Los vendedores no están dispuestos a aceptar pesos, ni
tampoco un menor precio en dólares, sino que prefieren esperar o alquilar
deseando que el mal momento pase; los compradores también esperan, teniendo fe
en que los precios bajarán en el futuro. En resumen, no es que el mercado esté
ajustando a la baja, sino que ya no hay mercado. ¿Qué hará el gobierno si la
caída en las ventas frena la construcción y comienza a haber despidos en el
pujante sector inmobiliario? ¿Y qué hará el sindicato del sector, aliado del
gobierno hasta el momento, para defender a los más de 400 mil empleados
registrados del sector?
La medida también afectará indefectiblemente el
nivel de inversión en aquellas empresas que inviertan a través de la
importación de maquinarias y equipos de informática y a las industrias que
importan insumos del exterior, como por ejemplo las automotrices y las
tecnológicas radicadas en la provincia de Tierra del Fuego. La situación de
estas empresas ya venía deteriorándose desde fines del año pasado debido a la
implementación de licencias no automáticas a todas las importaciones. La
restricción en la compra de dólares amenaza ahora con profundizarla.
Por último, se ha desencadenado el miedo de los
ahorristas, que entre el 4 y el 18 de mayo retiraron alrededor de un 5% de los depósitos
en dólares. Si bien estos depósitos representan actualmente una porción poco
significativa del total del sistema financiero, esto probablemente complique el
crédito en dólares para empresas exportadoras y genera un clima de temor y
desconfianza poco propicio para el desarrollo de las actividades económicas. El
gobierno no ha contribuido a apaciguar estos miedos, sino que varios
funcionarios han planteado mediante distintas frases la necesidad de
“pesificar” la economía, las cuales traen a la ciudadanía desagradables
recuerdos del año 2001 y han dado lugar a protestas en algunos barrios de la
Ciudad de Buenos Aires.
¿Queda entonces alguna duda acerca de la
inconveniencia de esta medida? Aunque se logre el objetivo que probablemente
busca el gobierno (algo que es dudoso, ya que las reservas habrían caído
levemente desde su implementación), queda claro que el costo es elevadísimo. La
economía argentina se encuentra en estos momentos dando algunos signos de
debilidad (caída del índice de demanda laboral y de confianza al consumidor
publicados por la UTDT, reducciones en las tasas de crecimiento de las ventas
en shoppings y supermercados, contracción de 3,8% en la construcción en abril,
etc.). Las medidas de este tipo son claramente procíclicas y en estas
circunstancias pueden costarnos una recesión. El gobierno argentino ha
criticado en reiteradas oportunidades las políticas de ajuste que actualmente
aplica Europa en plena recesión. Sería bueno que sea coherente con estas
palabras y no aplique otro tipo de políticas de ajuste en un momento en que la
economía se debilita. Sería bueno que mida las palabras de sus funcionarios y
sus actos de gobierno. Sería bueno un poco de racionalidad.
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