Los años de elecciones son muy
particulares en todos los países democráticos. Ciertos vientos de renovación y
esperanza se perciben o se crean alrededor de apatías y desconfianza sobre la
gestión que se va y la que viene. Analistas
que optimizan verdades disimiles y creadas para vender, mejorar y
afectar una imagen determinada de un universo de candidatos que, desde la oferta,
es tan restrictivo como determinado para el electorado. En ese escenario
usualmente se plantean grandes desafíos para las sociedades que habitualmente
parecen no estar tan materializados como se debería esperar. Solo recordar que
la administración de lo público va a estar en manos de un grupo reducido de
personas que, con mayor o menor discrecionalidad, administrarán los recursos de
la sociedad aplicando nuevas políticas y/o cierta continuidad de las anteriores.
Sin dudas, esos momentos son
interesantes para notar ciertas características de la sociedad e intentar realizar
una tipificación respecto al conjunto restante con especial referencia a su grado de
desarrollo en general, aunque nuestra preferencia sea la visión economicista. Para
este objetivo, una de los aspectos notables se refiere a las diferencias entre
las sociedades que revelan sus preferencias temporales desde el voto hacia la
continuidad o el cambio, es decir, si es posible diferenciar a los candidatos
por sus futuros planes de gobierno de acuerdo al corto o largo plazo de sus
futuras acciones de gobierno. En ese sentido, podemos utilizar una
estrategia, algo arbitraria por cierto,
para determinar esas características al diferenciar el tipo de propuesta de
acción de gobierno de cada candidato. Adicionalmente, al realizar esa
diferenciación podemos proponer otra característica la cual se considera
determinante para el futuro de la sociedad. Esta última se refiere a la
decisión de optar o no por el desarrollo económico. Por este, entendemos el
conjunto de acciones, esencialmente de política económica, que privilegien la sostenibilidad
del crecimiento económico de largo plazo en lugar del sesgo hacia el corto
plazo. Esto podría pensarse como la búsqueda por situarse en la senda estable
de largo plazo en lugar de las dinámicas abruptas caracterizadas por una gran
volatilidad que se observan al gestionar políticas con horizontes temporales reducidos.
Para ese objetivo proponemos
diferenciar las medidas de política económica en base a dos aspectos
particulares: el primero se refiere al conjunto de acciones que benefician el
corto plazo, es decir, políticas con importancia relativa en la demanda, ya sean
directa o indirectamente a través de supuestos planes de distribución e
integración socio-económica. Por otra parte, las medidas, que no solo activaran
la demanda agregada, sino que intentarán sostener la inversión productiva que
generará empleo, diversificación de la matriz productiva y una mejor
distribución del valor agregado en el mediano y largo plazo.
En esa diferenciación de política
proponemos sucintamente un marco desde el denominado modelo macroeconómico de Oferta Agregada – Demanda Agregada. Mediante
el mismo podemos establecer el patrón de cada política con las siguientes
ecuaciones:
- Demanda Agregada o Gasto Bruto
Interno: Consumo + Inversión + Gasto Público+ Exportaciones -Importaciones.
- Oferta Agregada: f (Capital,
Tecnología, Trabajo)
Si bien, la demanda agregada se
compone de la inversión en la economía en un momento determinado, el objetivo
es mostrar los efectos de políticas económicas que privilegian el consumo y el
gasto público, es decir, políticas de sesgo cortoplacista.
La oferta agregada depende
positivamente del capital productivo (maquinarias y equipos), la tecnología del
momento (incluido el know how empresarial)
y la dotación de trabajo.
1-
Política económica de empuje a la demanda
agregada:
La gestión de política económica
que observe con importancia relativa el push
de demanda, principalmente el aumento del gasto público y el consumo en bienes
y servicios finales, tendrá beneficios en el corto plazo, pues los consumidores
tendrán un aumento del bienestar a través del aumento de la demanda. Esto se
observará, por ejemplo, si se decide gestionar políticas de aumentos de salarios,
subsidios al consumo y servicios a sectores sociales con ingresos medios y altos,
e incrementos del gasto público corriente, por encima de las políticas de
oferta. A su vez, estas políticas, al evaluarlas exitosas, pueden sostenerse
por un período determinado a pesar de las distorsiones de precios generadas y,
transcurrido un tiempo, posibles crisis económicas.
Debido a la expansión del consumo,
la demanda agregada se desplazará principalmente por ese aumento en el consumo y el gasto público, lo cual
motivará cierto bienestar. Esta dinámica,
si es sostenida en el mediano plazo, ineludiblemente activará el
mecanismo de precios mediante la ausencia de políticas de oferta que amplíen la
frontera productiva ya que los componentes de
oferta tienen una necesidad temporal mayor para generar los efectos
esperados en comparación a los determinantes de demanda.
El mecanismo de precios
parcializará el primer efecto positivo sobre el bienestar dado por el aumento de la demanda agregada. En segunda instancia, el empuje a la demanda
se contrae situando a la economía en un punto inferior en relación al efecto
inmediato posterior lo que redundará en un menor bienestar al observado por los
consumidores ya que el aumento en el nivel de precios genera no solo un equilibrio
potencial menor sino también efectos desfavorables sobre la distribución del
ingreso que interrumpirán el eventual proceso y profundizarán la desigualdad.
Finalmente, este último caso se tornará sustancialmente importante ante
aumentos de salarios por debajo de los niveles de inflación y en un mercado
laboral con una gran proporción de trabajadores en la informalidad.
Adicionalmente, las distorsiones de precios y los efectos negativos
mencionados, principalmente sobre los asalariados, se profundizarán en
contextos de sostenibilidad de la política fiscal expansiva en detrimento de
políticas que impulsen la oferta agregada.
Esa dinámica puede ser explosiva
ante el sostenimiento de la política de impulso al gasto por encima de la
expansión de los fundamentos de la oferta. Crisis fiscal que culminen en
regímenes de alta inflación, desequilibrios del balance de pagos y
modificaciones abruptas del tipo ce cambio pueden ser, en este sentido, algunos
ejemplos de la historia económica reciente.
2-
Política económica equilibrada de expansión de
oferta y demanda: desarrollo productivo en el mediano y largo plazo
El caso de una política económica
que tenga un objetivo equilibrado sobre los fundamentos de la oferta y demanda se torna, indudablemente, un
aspecto interesante luego de observar los efectos de la política económica citados
anteriormente. El sostenimiento de una expansión del gasto de la economía dado
por el consumo y/o gasto público corriente se tornará en una dinámica insustentable
ya que el mecanismo de precios limitará, y en el límite anulará, los efectos
sociales de un mayor bienestar.
En ese escenario, matizar el aumento
unilateral del consumo en aras del aumento de la inversión con vistas a expandir
la frontera productiva y generar las condiciones para la diversificación de la
misma, es uno de los desafíos que se deben internalizar en la sociedad. En este
sentido, si el plan económico es gestionar una política de expansión del
crédito productivo, aumento de la inversión pública y extranjera junto con
programas que generen un mayor espacio productivo, los elementos que dinamizan
los precios serán minimizados dando lugar a una mayor certidumbre sobre la
estabilidad nominal de la economía. Estas condiciones se tornan fundamentales
para la estructura productiva, pues la certidumbre sobre el horizonte económico
y la estabilidad configuran una mayor resiliencia frente a perturbaciones no
esperadas.
En este caso, ante una política
de demanda expansiva, es dable de destacar que en el corto plazo se producirá
cierto suavizamiento del aumento de la demanda y el bienestar a causa de una
mejor administración de la primera. Sin embargo, el mediano y largo plazo estarán
caracterizados por un sendero de crecimiento económico sustentable. El efecto
favorable de la administración de la
demanda y la oferta se observará en la segunda instancia del aumento de
la primera. La oferta podrá enfrentar el aumento de la demanda sin mediar
aumentos sostenidos del nivel de precios. La variable que ajustará ese
mecanismo será la expansión productiva, es decir, la posibilidad que la
economía suministre mayor oferta de bienes y servicios para un determinado
nivel de precios en el nuevo nivel de las cantidades demandas.
Conformar un desarrollo de los
componentes de oferta, ya sea la productividad, y la dotación de capital y
trabajo, redundarán en una mayor capacidad y potencial productivo. Esa mayor
capacidad se reflejará en mejores condiciones macroeconómicas las cuales
también podrán dar lugar a una mayor diversificación de la estructura
productiva del país lo que, a su vez, será fuente de suavizamiento ante
posibles choques comerciales.
Desde esas dos políticas
económicas opuestas, podemos dilucidar entonces que tipo de decisión realizará
una sociedad determinada en materia de estabilidad y desarrollo económico luego
de tener acceso al set de políticas que cada candidato propone. En este
sentido, algunas sociedades podrán elegir la senda del crecimiento de largo
plazo premiando a los candidatos que racionalicen los recursos y posibiliten la
expansión productiva. Mientras que otras pueden optar por continuar expandiendo
su consumo y bienestar en el corto plazo sin ponderaciones hacia el futuro
junto con sus posibles inestabilidades y crisis económicas.
Si bien desde el sucinto y
sencillo análisis estático presentado no podemos extrapolar las consecuencias
mencionadas hacia cualquier sociedad, en general, los efectos de los dos tipos
de gestión de política económica tienen grandes similitudes. La historia
económica argentina reciente, con sus matices, es una de las que ha mostrado el
sesgo hacia el corto plazo. Tal vez sea el momento apropiado para realizar
modificaciones de nuestras preferencias electorales en aras de evitar las
consecuencias obvias de nuestras elecciones del pasado reciente. Al menos,
desde nuestra perspectiva, sería cívica y económicamente saludable.
